Fiscalía revela detalles del brutal asesinato de Sara Millerey
El asesinato de Sara Millerey González, una mujer trans de 32 años, ha estremecido a Colombia debido a la extrema violencia del crimen y a las complejidades judiciales que lo rodean. La Fiscalía General de la Nación entregó nuevos y escalofriantes detalles sobre el caso, revelando que la víctima sufrió más de 30 fracturas en piernas, brazos y costillas, lesiones que finalmente causaron su muerte antes de ser arrojada a una quebrada en el municipio de Bello, Antioquia.
Capturado alias "Teta": ya van tres detenidos
Uno de los principales capturados es Juan Camilo Muñoz Gaviria, conocido como alias "Teta", presunto integrante de la banda criminal El Mesa. Fue detenido por su posible participación directa en el homicidio. Según la Fiscalía, el crimen fue perpetrado por cinco personas, de las cuales tres ya han sido capturadas y dos más identificadas, actualmente prófugas.
Durante la audiencia, alias "Teta" negó los cargos, aunque el ente acusador presentó más de 126 horas de grabaciones de cámaras de seguridad y múltiples declaraciones de testigos que lo vincularían al atroz crimen.
La Fiscalía imputará a los implicados los delitos de homicidio agravado y tortura. Sin embargo, el abogado de la familia de Sara, Saúl León, pidió que se considerara el crimen como feminicidio agravado, dadas la identidad de género de la víctima y la violencia del ataque.
Esta solicitud fue rechazada, argumentando que el crimen habría sido producto de disputas territoriales entre grupos criminales, y no motivado por su condición de mujer trans.
Informe forense: causa de muerte y lesiones
El informe del Instituto de Medicina Legal indica que Sara Millerey sufrió un choque hipovolémico causado por una hemorragia masiva, derivada de las múltiples fracturas. Según el dictamen, falleció antes de ser arrojada al afluente.
Las autoridades vinculan a alias "Teta" con delitos relacionados con narcotráfico, extorsión y otros crímenes en Bello, Caldas y Bogotá. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 600 meses de prisión (50 años).
Organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTIQ+ han exigido que el caso se reconozca como un crimen de odio, y que se garantice el acceso a la justicia con un enfoque de género.
Este lamentable hecho no solo deja una profunda herida social, sino que también plantea una pregunta urgente: ¿están protegidos los derechos de las personas trans en Colombia?