Familia de dominicano muerto en el Bronx demanda a la comisionada del NYPD por mantener en funciones al oficial que disparó
Nueva York. – La familia de Allan Feliz, un ciudadano dominicano que perdió la vida durante una parada de tráfico en el Bronx en 2019, interpuso una demanda judicial contra la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, por su decisión de mantener en servicio al teniente Jonathan Rivera, responsable del disparo que terminó con la vida del joven.

La acción legal fue presentada la noche del miércoles ante la Corte Suprema de Manhattan, y busca que un juez anule la resolución de Tisch y ordene la destitución inmediata del oficial. De acuerdo con los abogados, este paso legal representa un caso sin precedentes en la historia reciente del cuerpo policial.
La demanda cuenta con el respaldo de organizaciones de derechos civiles, entre ellas el Comité de Justicia, que exigen mayor rendición de cuentas en casos donde se cuestiona el uso de la fuerza por parte de agentes del orden.
En marzo pasado, la comisionada adjunta y jueza administrativa Rosemarie Maldonado había recomendado la expulsión de Rivera, tras hallarlo culpable de agresión en primer grado durante un juicio disciplinario interno. En su dictamen, Maldonado calificó el testimonio del oficial como “obstinado, defensivo e inverosímil” y concluyó que su conducta era incompatible con el deber público.
Sin embargo, la comisionada Tisch rechazó la recomendación, argumentando que Maldonado “se equivocó en su interpretación de los hechos” y respaldando el criterio de la Fiscalía General de Nueva York, que en 2020 había determinado que no existían pruebas suficientes para presentar cargos criminales contra Rivera. Según esa evaluación, aunque la percepción del riesgo del agente “no fue exacta”, resultó “razonable o, al menos, no manifiestamente irrazonable”.

Los abogados de la familia de Feliz sostienen que la decisión de Tisch fue “arbitraria y caprichosa”, acusándola de ignorar pruebas y el análisis de credibilidad presentado en el proceso disciplinario. En la demanda, presentada bajo el Artículo 78 de la ley estatal, los representantes legales argumentan que la comisionada abusó de su discreción administrativa, actuando fuera de los límites de la legalidad y la buena fe.
Aunque la Carta de la Ciudad de Nueva York otorga al comisionado de policía amplios poderes en materia disciplinaria, los demandantes insisten en que esos poderes no son absolutos y deben ejercerse bajo principios de transparencia y responsabilidad institucional.
La ciudad dispone ahora de 20 días para responder a la demanda, antes de que un juez decida si el caso procederá a audiencia pública.