Comerciante haitiana en Kenscoff habría envenenado a 40 presuntos pandilleros con empanadas
Un hecho sin precedentes ha conmocionado a la comunidad de Kenscoff, al sureste de la capital de Haití. Una comerciante haitiana se encuentra bajo custodia y protección de las autoridades tras presuntamente envenenar a 40 individuos que se cree eran miembros de una banda criminal, utilizando empanadas conocidas como patés.
Según reportes de medios locales, las víctimas pertenecían a una organización delictiva que mantenía aterrorizada a la población de Kenscoff desde el mes de enero, perpetrando robos, extorsiones y otros actos de violencia. La comerciante, cuya identidad se mantiene en reserva por su seguridad, habría utilizado aceite de oruga, un potente pesticida de uso agrícola, para contaminar los alimentos que vendía.
Los hechos se desarrollaron cuando los presuntos miembros de la banda se acercaron al puesto de venta de la mujer y consumieron las empanadas. Horas después, comenzaron a manifestar graves síntomas de envenenamiento, y la mayoría de ellos fallecieron en el transcurso del mismo día. Este suceso ha generado una compleja reacción entre los residentes, que experimentan una mezcla de sorpresa, conmoción y, para algunos, alivio ante la aparente neutralización de esta amenaza.
Las autoridades haitianas han tomado la decisión de proteger a la comerciante, ante el temor de posibles represalias por parte de otras organizaciones criminales. El caso ha desatado un intenso debate en la sociedad haitiana, dividiendo opiniones entre quienes consideran su acción como un acto desesperado de justicia popular ante la ineficacia del Estado, y quienes argumentan que ningún ciudadano debe tomar la ley en sus propias manos.
Este impactante suceso también pone de manifiesto la profunda crisis de seguridad que azota a Haití, donde numerosas comunidades viven bajo el virtual control de bandas armadas debido a la debilidad institucional y la limitada presencia efectiva del Estado. La población vive en un estado de temor constante y, en muchos casos, sin acceso a protección.
Aunque hasta el momento no se han presentado cargos formales contra la comerciante, la fiscalía ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y evaluar el curso legal a seguir. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han solicitado garantías para la integridad de la mujer y una evaluación exhaustiva de las circunstancias extremas que la habrían llevado a tomar esta drástica decisión.
Este caso refleja la desesperación de comunidades enteras que sufren la violencia de las pandillas.