Funcionario de Salud Pública detenido tras ofrecer dinero por una m3n0r en video viral grabado en Santiago
Santiago.– Un nuevo escándalo sacude la opinión pública luego de la detención de Alexander Ramón Peña Henríquez, exempleado del Ministerio de Salud Pública, quien fue arrestado tras circular un video donde se le observa ofreciendo dinero a una ciudadana haitiana a cambio de que le consiguiera una niña de entre 8 y 10 años.
El video, grabado por la propia mujer y difundido ampliamente en redes sociales, muestra al hombre ofreciendo entre RD$15,000 y RD$20,000 por la supuesta menor, refiriéndose de manera explícita a que buscaba “una señorita”. Tras el escándalo, el Ministerio de Salud Pública confirmó su cancelación inmediata del cargo.
Su abogado, Fernando Quiñones, explicó que la audiencia de medida de coerción fue aplazada por el Tribunal de Atención Permanente de Santiago para el próximo lunes, con el fin de que la defensa presente sus alegatos y presupuestos.
De acuerdo con las declaraciones del propio Peña Henríquez, este asegura que no recuerda la conversación, alegando que solo le ofreció “una bola” a la mujer en la rotonda del ensanche Libertad. Además, insinuó que habría sido “hipnotizado” o drogado por la extranjera antes del encuentro.
El Ministerio Público investiga el caso desde el 24 de octubre de 2025, solicitando prisión preventiva como medida de coerción por presunta tentativa de explotación sexual infantil. La acusación se fundamenta en los artículos 334 y 410 del Código Penal, modificados por la Ley 24-97, así como el artículo 396 del Código de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) y la Ley 137-07 sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
También se encuentra bajo investigación una mujer identificada solo como “Luisa”, quien habría servido como intermediaria en el intento de contacto. Las autoridades buscan determinar si existe una red detrás del hecho o si se trató de una acción aislada.
Este caso ha causado profunda indignación social por involucrar a un servidor público y por el contenido del video, considerado altamente perturbador. Organismos de protección infantil y defensores de derechos humanos exigen que se aplique todo el peso de la ley.
Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias mientras el expediente continúa en proceso judicial.
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