Indignación en redes por boda de niños de 12 años en México
Guerrero, México — 8 de mayo de 2025. La reciente boda de dos menores de apenas 12 años en la comunidad de San Pedro Cuitlapan, en el estado de Guerrero, ha provocado una fuerte ola de indignación en redes sociales y ha reavivado el debate sobre el matrimonio infantil en México.
Los protagonistas del controversial hecho son Natalia y Miguel, quienes contrajeron matrimonio con el consentimiento de sus respectivas familias, pese a que tanto la legislación mexicana como diversos tratados internacionales prohíben el matrimonio infantil por considerarlo una violación directa a los derechos de la infancia.
Un problema que persiste en México
Aunque México ha dado pasos legales para erradicar el matrimonio infantil, las cifras siguen siendo alarmantes. De acuerdo con datos del Gobierno de México de diciembre de 2023, 1 de cada 5 niñas en el país se casa antes de cumplir la mayoría de edad.
Estas uniones tempranas tienen consecuencias devastadoras. Según el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las niñas que contraen matrimonio en la infancia están expuestas a mayor riesgo de violencia, embarazos precoces, abandono escolar y condiciones de pobreza.
Guerrero: foco rojo en un problema estructural
El estado de Guerrero ha sido señalado constantemente por su alta incidencia en uniones y embarazos tempranos. En 2020, era la segunda entidad del país con mayor porcentaje de niñas de entre 12 y 17 años que vivían en matrimonio o unión, así como con una de las tasas más altas de maternidad adolescente.
Organizaciones defensoras de los derechos de la niñez han pedido a las autoridades intervenir de inmediato y fortalecer las acciones preventivas y educativas, además de garantizar el cumplimiento de la ley que prohíbe este tipo de uniones.
Usuarios en plataformas como X (antes Twitter), Instagram y Facebook han reaccionado con profunda molestia ante el caso. El hashtag #InfanciaNoEsMatrimonio se posicionó rápidamente entre las tendencias, acompañado de llamados urgentes a frenar esta práctica que sigue ocurriendo, en gran parte, en comunidades rurales con usos y costumbres que chocan con los derechos fundamentales.
El caso de Natalia y Miguel no es un hecho aislado. Es un reflejo de una realidad que urge ser atendida desde lo legal, educativo y social.